Esto no es mio, fue publicado hoy 5 de noviembre de 2024 en el País, lo copio para divulgarlo
El PP ante la catástrofe, o la catástrofe del PP
La actuación de la Generalitat valenciana repite cómo
han gestionado los populares otros grandes dramas, con claros errores,
manipulaciones y desviando sus responsabilidades
Ignacio
Sánchez-Cuenca
05 NOV 2024 - 05:00 CET
A estas alturas, no parece controvertido
afirmar que el retraso de más de 12 horas del presidente de la
Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en lanzar la alarma y
pedir a la ciudadanía que tomara medidas drásticas de protección ha tenido
consecuencias muy graves. Si la gente hubiese estado debidamente informada, no
se habrían producido tantas muertes. Las lluvias y las riadas habrían sido las
mismas, los municipios afectados habrían quedado igualmente devastados,
pero una alarma a tiempo habría reducido
considerablemente la hecatombe que se ha vivido en
Valencia.
Los motivos que llevaron a Mazón a
cometer un error de esta índole serán materia para la especulación durante
mucho tiempo. Quizá el presidente valenciano no se tomó suficientemente en
serio las advertencias de los expertos en clima, quizá no hubo acuerdo entre
sus asesores y técnicos, quizá no quiso crear alarmismo, quizá pesó el interés
de mantener la actividad económica, en fin, no sabemos todavía qué sucedió,
pero es difícil evitar la conclusión de que hubo una negligencia que ha tenido un coste enorme en
vidas humanas. Mucha gente que hacía vida
normal quedó atrapada o murió ahogada antes de recibir el mensaje de alarma.
Se trata de uno de esos errores que
resulta imposible borrar. Al día siguiente, Alberto Núñez Feijóo se presentó en Valencia y
realizó unas declaraciones que no le dejan en buen lugar. Con tal de disculpar
a Mazón, cuestionó el servicio prestado por la Aemet (cuando las predicciones
sobre la gravedad de la dana eran públicas e inequívocas) e intentó desviar la
responsabilidad hacia el Gobierno central.
A partir de ahí, el presidente Mazón ha
tenido una gestión errática y vacilante, con retrasos inexplicables a la hora de solicitar
ayuda al Gobierno central, descoordinación en
los servicios de rescate y decisiones que no son fáciles de entender (como
anunciar la creación de grupos de emergencia cuatro días después de la
catástrofe).
La reacción del Gobierno popular en
Valencia tiene precedentes. El PP ha tenido que gestionar unas cuantas
catástrofes y, en todas ellas, ha seguido un patrón regular de conducta. Dicho
patrón se caracteriza por la mezcla, en grado variable, de una serie de
elementos: 1. Ocultación de información. 2. Desconfianza hacia el criterio de
los expertos. 3. Incapacidad para reconocer errores. 4. Politización de la catástrofe. Y
5. Falta de empatía y escaso respeto hacia la ciudadanía.
Durante la segunda legislatura de José María Aznar hubo
varios casos en los que el Gobierno perdió completamente el norte. En 2002
fue la crisis del Prestige, en
la que se tomó la peor decisión posible: llevar el petrolero averiado mar
adentro, con la consecuencia de contaminar buena parte de la costa gallega. El
PP gobernaba tanto en la Xunta como en Madrid. Sus dirigentes intentaron
ocultar el alcance del desastre, no quisieron hacerse cargo del error cometido
y, encima, hubo declaraciones incomprensibles, como aquella de Mariano Rajoy,
entonces vicepresidente primero del Gobierno, hablando de los “hilillos de plastilina”. Antes,
en la crisis de las vacas locas, la entonces ministra de
Sanidad, Celia Villalobos, ya había dejado desconcertado a todo el mundo con
sus declaraciones sobre el uso de huesos en la preparación del caldo. Este
tipo de frivolidades en medio de la catástrofe resultan profundamente
desconcertantes para la opinión pública y solo contribuyen a aumentar la
alarma.
La mentira, la chapuza y la falta de
respeto a las víctimas y sus familiares fueron las notas dominantes en el
accidente del Yak-42 en 2003 (62 militares fallecidos).
Aparte de la polémica sobre las penosas condiciones en las que viajaban los
militares españoles, hubo una negligencia grave en la identificación de
cadáveres, para escarnio de los familiares de las víctimas. Algo parecido
sucedió con el accidente del metro de Valencia en 2006 (43 fallecidos): Juan
Cotino, entonces vicepresidente de la Generalitat, engañó a las familias de las víctimas, presionó
a los medios de comunicación para que no contaran la verdad e influyó para dar
carpetazo a la investigación sobre aquella tragedia.
Esta forma de reaccionar ante la
catástrofe se llevó hasta el límite tras el atentado yihadista del 11-M (192
fallecidos). En este caso, el Gobierno de José María Aznar mintió, poniendo
por delante de las víctimas el empeño en mantenerse en el poder. Aznar y los
suyos pensaron que, si se sabía la verdad sobre la autoría del peor ataque
terrorista de la historia de España, perderían las elecciones. Y decidieron
ocultar dicha autoría todo lo que pudieron. Nunca han reconocido la mentira; prefirieron
azuzar la teoría de la conspiración.
Muchos de los rasgos antes descritos son
reconocibles en esta primera semana de la crisis de Valencia. En primer lugar,
falta de confianza en el criterio de los expertos y en los propios organismos públicos encargados de
este tipo de sucesos (críticas a la Aemet). En segundo lugar, un error de
bulto (lanzar la alarma cuando la situación ya
estaba fuera de control). En tercer lugar, incapacidad para reconocer los errores,
con la correspondiente huida hacia adelante. En cuarto lugar, falta de información sobre fallecidos y
desaparecidos, como si la ciudadanía no estuviera
preparada para saber la verdad. En quinto lugar, echar balones fuera
responsabilizando al Gobierno central por un asunto sobre el que la comunidad
autónoma tiene la competencia exclusiva. Y, finalmente, falta de sensibilidad
hacia las víctimas, como se puso de manifiesto en las declaraciones de la consejera Nuria Montes (luego
corregidas).
Lo extraño es que este patrón se repita
en tantas ocasiones. Cabría esperar que el PP hubiese aprendido algo de los
fallos cometidos en el pasado. Sin embargo, cada vez que surge un
acontecimiento extraordinario, el Partido Popular vuelve a caer en las mismas
trampas. Es evidente que, de no haber gestionado tan mal las catástrofes, el PP
no habría pasado de la mayoría absoluta en 2000 a irse a la oposición cuatro
años después. Con todo, no sacan las lecciones pertinentes, tal vez porque
cuentan con un apoyo cerrado de los medios derechistas que les da una falsa
sensación de seguridad, pero la opinión pública acaba hartándose de tanta
mentira y tanta ineficacia. A veces tarda un tiempo, pero este tipo de gestión
tiene al final un coste reputacional y electoral importante.
Es en los momentos extraordinarios cuando un partido
en el poder revela su verdadera naturaleza. Una cosa
es gobernar la coyuntura y otra enfrentarse a una catástrofe. Ante las
sucesivas catástrofes ocurridas durante sus periodos de gobierno, ya sea a
nivel autonómico o central, el PP se ha caracterizado por cometer errores
importantes de gestión y por rehuir la responsabilidad de los mismos,
recurriendo incluso a información falsa y a la manipulación. Parece que estamos
otra vez en lo mismo. La situación resultante es muy confusa, y el PP y los
medios conservadores ya están tratando de disculpar a la Generalitat desviando
la responsabilidad hacia arriba. Lo ocurrido el pasado domingo, cuando la
indignación popular se transformó en agresiones por parte de miembros de la
ultraderecha, revela que hay una voluntad deliberada
de extender el caos político. Unos quieren disimular los errores cometidos y
otros buscan cobrarse la presa más preciada, el propio Pedro Sánchez. Pese a
todo ello, el origen de la tragedia está claro. Y tiene múltiples antecedentes.
Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política
de la Universidad Carlos III de Madrid.
