La derecha liberal
considera que la sanidad, la educación, las ayudas sociales en general son
servicios (*) y por tanto como cualquier otro servicio público como el
transporte, las autopistas pueden ser públicos o privatizarse, pueden darse a
concesionarios o manejarse desde los ayuntamientos, porque lo importante es que sean eficientes y
que den ganancia para aumentar los ingresos en los ayuntamientos o las
provincias de los cuales dependa. Y eso se convierte en el objetivo central y
principal del gobierno y de las administraciones regionales: INGRESOS,
maximizar los ingresos o en el peor de los casos disminuir los costos o los
egresos y así por lo menos no perder en el intento.
El centro del proceso
de la gerencia de un servicio es producir beneficios.
Cuando consideramos la
sanidad, la educación, las pensiones como derechos de los ciudadanos las
consideraciones y el manejo de esos servicios no puede ser hecho con esa visión
pragmática de productividad. ¡SI! Deben
ser eficientes y de calidad, no puede haber corrupción, no puede haber
funcionarios que se aprovechen y se beneficien del servicio. Pero sigue siendo
un DERECHO del ciudadano. Y esto obliga
a un enfoque totalmente distinto.
El centro del proceso
de un derecho es la atención al ciudadano.
Valga la diferencia.
(*) Hace dos días por TV pude oír a Juan Carlos Rodríguez
Ibarra ex político del PSOE que fue
presidente de la junta de Extremadura, que planteaba esta diferencia entre
izquierda y derecha en la política española.
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